Denunció a su ex por violencia de género pero la Justicia la detuvo a ella

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Tenía que ir a trabajar, dejó a su hija de 3 años al cuidado de su papá y terminó detenida. Estuvo en una celda casi cinco días, hacinada con otras mujeres, sin lugar donde dormir, prácticamente sin comer y sufriendo maltratos. ¿Por qué? Por denunciar a su ex pareja por violencia de género. Ocurrió en Salta. La joven ya fue liberada pero sigue imputada por “desobediencia judicial”

Tiene 21 años, una hija de tres y un ex al que meses atrás denunció por violento. Describió golpes constantes en todo el cuerpo y cachetadas en si rostro. Los fines de semana peor, porque él aparecía borracho y drogado. Y se enojaba si ella no le daba plata. Golpes, gritos, todo siempre delante de la nena.

Pero la jueza María Carolina Cáceres Moreno, del Juzgado de Violencia Familiar y de Género N°3, dictó una orden de restricción de acercamiento para los dos: ni él puede acercarse a ella, ni ella puede acercarse a él. Se llama “medida recíproca”, una tendencia criticada -pone al mismo nivel a las víctimas y a sus agresores- que crece con el único fin de desalentar a las mujeres a hacer denuncias por violencia

Error judicial 

Un reciente informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN) sostiene que la reciprocidad de estas medidas “configura una restricción ilegítima de derechos“.

“Las respuestas judiciales de este tipo terminan tratando de forma similar a denunciante y denunciado -asegura el informe-. Al tratar del mismo modo a quien denuncia sufrir violencia y a quien se señala como responsable del maltrato, se invisibiliza la violencia de género, lo que también repercute negativamente en la capacidad real de protección de la medida dispuesta. Ante un pedido de auxilio, las fuerzas de seguridad se encontrarán con medidas de protección impuestas de forma recíproca, lo que los deja sin elementos para evaluar quién está en situación de riesgo y quién lo genera“.

Eso es lo que le pasó a esta joven de la localidad de Coronel Moldes, Salta. El 4 de noviembre a las 8.15 alguien llamó al 911 y alertó sobre una discusión. Al llegar la patrulla, la Policía ve salir de la casa a una mujer. Constatan que tiene restricción de acercamiento a ese lugar y se la llevan detenida. La imputaron por “desobediencia judicial”. 

Ella explicó que tenía que ir a trabajar y no tenía con quién dejar a la hija, que llamó a su ex (que es el padre de la nena) para preguntarle si él podía cuidarla, que él le dijo que sí, y que por eso fue hasta su casa: “No tenía quién cuide a mi bebé de tres años, la fui a dejar a la casa de su papá y una chica que vive ahí llamó a la policía y me llevaron. La vez anterior también llevé a la bebé porque tenía que ir a trabajar, es la única razón por la que voy por ahí. Siempre la llevo cuando no hay nadie en mi casa que me la cuide, que mi mamá ese día estaba trabajando, y mis hermanas estaban con sus hijos en la escuela, mi hermano trabajando y mi hermana más chica en la escuela”.

También repitió las escenas de violencia por las que lo había denunciado después de convivir un año y medio en una pieza en el terreno del fondo de la madre de él.  Y repitió también que él nunca reconoció a la nena, que no tiene su apellido, que no pidió la guarda ni le pasa plata en concepto de alimentos.  

Aún así, la fiscal Valeria Tanjilevich, de la fiscalía penal El Carril, pidió su detención y la imputación por “desobediencia judicial”. Al juez de garantías Abel Goitia le pareció correcto. La joven fue detenida, trasladada en un patrullero, encerrada en la Alcaidía junto a otras cuatro mujeres en una pequeña celda con sólo dos colchones. Así la tuvieron hasta el lunes a la tarde, sin poder ver a su hijita.

“Bajo apercibimiento”

La abogada María Nella Cervi, que integra el Instituto Jurídico de Género de Salta, presentó un escrito para que la liberen en forma urgente. Recién logró que la joven saliera el lunes por la tarde. “No sigue detenida pero sí sigue imputada, así que tenemos que seguir con el proceso para lograr su sobreseimiento y posterior archivo de la causa”, explica a Clarín

“Y ella sigue con la prohibición de acercamiento, que son 100 metros, y también de ejercer actos de violencia contra el agresor, lo cual es una locura, por eso hay que seguir con el proceso”, agrega la abogada.

Es que la Jueza de Garantías nº 8 de la ciudad de Salta, Claudia Puertas, firmó la libertad de la joven pero “con la imposición de las siguientes medidas; a saber: 1) la obligación de fijar y mantener actualizado su domicilio, comunicando todo cambio al Tribunal y a la Fiscalía Penal de Cerrillos – Delegación El Carril, de forma inmediata; 2) la obligación de presentarse lunes de por medio… mientras dure el proceso; 3) la prohibición de acercamiento al señor XXX, en la distancia de 100 (cien) metros, a su domicilio y 4) la prohibición de ejercer actos de violencia psíquica y/o física en contra de XXX; todas medidas que se imponen durante toda la tramitación del proceso y bajo apercibimiento de revocar la libertad y ordenar la inmediata detención”.

“La obligación de comparecer en forma quincenal por ante la Fiscalía interviniente, resulta suficiente para mantenerla sometida a proceso, siendo suficiente para impedir que pueda fugarse. De tal modo que no corresponde hacer lugar a la prohibición de salir de la Provincia solicitada por la Fiscalía. Por último, no parece ocioso señalar que las medidas se ordenan bajo apercibimiento de revocar la libertad y ordenar su inmediata detención, teniendo vigencia por todo el presente proceso; y que se librará oficio al Servicio de Psicología del Poder Judicial de Salta, a los efectos de la realización del estudio psicológico solicitado por la Fiscalía”. continuó la jueza Puertas.

La fiscalía, a cargo de Gabriel Portal, solicitó la prohibición de salida de la provincia y un examen psicológico para la joven. No solicitó medidas contra el varón denunciado. A la jueza le pareció atinado el pedido e incluso habla de “impedir que pueda fugarse”.

Justicia feudal ​

“Ella estaba desesperada por ver a su hija. Su mamá y sus hermanas se fueron turnando para poder cuidar a la nena. Siente que la han violentado, que es injusto el trato que le dieron, que ella solo quería ir a trabajar y la detuvieron. No comió bien en esos cuatro días”, cuenta la abogada a Clarín

“Es monstruoso todo lo que pasó. Esto es muy injusto. Es un mensaje claro hacia las víctimas, aleccionador, para que no denuncien. Acá la Justicia es feudal, busca sancionar y disciplinar a las víctimas de violencia“, agrega. 

“El día que la detuvieron y la subieron al móvil para llevarla a la Alcaidía los policías le dijeron que se jodiera, que qué se creía, que iba a tener consigna gratis… una revictimización y una violencia tremendas, algo inhumano. Además, la obligaron a firmar planillas de las consignas cuando nunca fueron a su domicilio“, asegura. 

A la joven le gustaba estudiar, siempre fue abanderada, pero quedó embarazada en el último año del secundario y tuvo que salir a trabajar. El progenitor nunca se hizo cargo ni mostró ningún interés en la nena. Así que ella y su familia la cuidan. El único sostén económico es ella, que no cuenta con la posibilidad de mandar a la nena a la escuela porque no hay salitas de 2 años de nivel inicial públicas y gratuitas. No puede pagar una escuela privada. Limpia por horas. El hombre no trabaja, se dedica a pescar. 

“Lo que le pasó a esta joven no es algo fortuito sino que es el resultado de prácticas que se están instalando a nivel nacional, y que tiene que ver con juzgados que automáticamente imponen medidas recíprocas, nunca toman en cuenta cuál es el contexto de los hechos denunciados y al trabajar sin perspectiva de género termina pasando esto”, explica a Clarín Raquel Asensio, que está al frente de la Comisión de Género de la DGN-

“Y el resultado es este: que una mujer queda detenida y penalizada por haber buscado la protección del Estado. La respuesta del Estado es criminalizarla -continúa Asensio-. Desde la Defensoría General de la Nación estamos trabajando en el tema. El año pasado presentamos un caso ante la Corte Suprema que aún está sin resolver y sería bueno conocer el posicionamiento de la Corte sobre estas prácticas. Y en el mismo sentido propusimos reformas legales, entre ellas establecer la prohibición de imponer medidas recíprocas en los procesos de violencia”.

Un caso que llegó a la Corte 

O. denunció en la OVD (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema) haber sido maltratada y amenazada por su ex pareja. No era la primera denuncia que hacía: en 2019 lo había denunciado por violencia psicológica, física y sexual.

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 85 dictó una prohibición de contacto y acercamiento y dispuso que la medida debía ser recíproca. Como ambos trabajan en la misma cooperativa barrial, ella no podía ir al trabajo si el denunciado estaba allí. O, con su patrocinio letrado, presentó pedido de revocatoria pero fue rechazado. Presentó un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que fue desestimado.

Entonces es que se interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permita su revisión y deje sin efecto la decisión que impone el carácter recíproco de las medidas de protección. La Corte aún no se expidió.

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