Principio de acuerdo en el oficialismo para quitar subsidios a sectores de altos ingresos

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Durante el año, el Gobierno trabajó distintas hipótesis para segmentar los subsidios a la luz y el gas. El ministro de Economía manifestó su preocupación por un sesgo “pro-rico” de los subsidios, pero los sectores más kirchneristas se resistieron a llevar adelante una quita en el año electoral.

Sin embargo, la intimación a la regularización de la titularidad de los servicios eléctricos parece ser un primer paso en esa dirección.

Un sector del Gobierno apoyaba la idea de segmentar los subsidios según tres categorías de clientes: de ingresos altos, que no recibirían subsidios, de ingresos medios, que tendrían aumentos de tarifas al ritmo de la inflación, y de sectores bajos, que seguirían con las mismas subvenciones que ahora.

La intimación a regularizar la titularidad asoma como un punto de concordancia. Tanto Economía como los sectores más kirchneristas estarían convencidos de remover subvenciones, al menos,  en los sectores de mayor poder adquisitivo.

Para realizar ese proceso, se requiere una “sintonía fina”, una frase que Cristina Fernández de Kirchner utilizó en su segundo mandato (en relación a las tarifas), pero que no se pudo aplicar.

El 10% de la población de mayores ingresos captura el 30% (o más del total de los subsidios). Una segmentación acertada en esa franja podría provocar una disminución de las subvenciones, según coinciden desde empresas hasta consultores y fuentes oficiales. A la vez, preservaría las tarifas para la clase media y los sectores más vulnerables.

“El Estado ya conoce personas cuyos ingresos son de 10 canastas básicas totales de ingresos, que poseen dos propiedades y son aportantes del impuesto a las Ganancias. Son personas que no están pidiendo ni necesitando un subsidios”, sostienen fuentes oficiales.

“Los subsidios a las personas que no los necesitan, son un gasto doblemente innecesario”, apuntan en el Gobierno. Entienden que quitar partidas allí no tendrá un mayor costo político.

Fernández de Kirchner es la referencia para Federico Basualdo, secretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, interventor del Enargas. Ambos son los intérpretes de la mirada de la vicepresidenta en la cuestión tarifaria.

La dirigente con mayor caudal de votos en el Frente de Todos no quiere ver títulos como “Tarifazo” por la remoción de subvenciones, algo que será inevitable cuando los sectores de mayores ingresos dejen de estar subsidiados.

De todas formas, todo está sujeto a los eventuales reacomodamientos dentro del oficialismo luego de las elecciones.

Titularidad de los servicios

La confirmación de la “titularidad” del servicio eléctrico podría evitar o paliar las quejas por futuros aumentos. Jubilados o sectores que reciben asistencia del Estado podrían conservar subsidios con independencia del lugar del que viven, al mostrar que la luz está a su nombre.

De esta forma, se saldaría uno de los problemas de la “georeferenciación”, un método que utilizó la gestión anterior de Fernández de Kirchner cuando quiso quitar subsidios. Allí, se designaban barrios completos (Puerto Madero, San Isidro, Recoleta, por ejemplo) y se quitaban subsidios, pero la aplicación podría golpear a jubilados u otros hogares de ingresos mínimos que viven en esos sitios.

“Las empresas prestadoras de servicios están obligadas a obtener esa información. Si los clientes no ayudan, pueden sufrir la interrupción del servicio, aunque desde el Estado se los ayudará para que completen los trámites”, según fuentes oficiales.

“Tenemos que sistematizar esa información de cómo se factura, si por número de documento, por usuario, por cooperativa o cliente”, según explicó hace unas semanas Victoria Tolosa Paz, que será diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y tiene un proyecto al respecto.

Otra idea que corre en el oficialismo es de un aumento generalizado (se habló de 18%). Todos lo pagarían. Pero el 10% de mayores ingresos además, perdería subsidios. La clase media los mantendría, pero su factura sería 18% más cara en 2022. Los sectores carenciados seguirían protegidos por la tarifa social. Esa es otra hipótesis con la que trabaja el oficialismo.

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